El XIX Congreso de Juego de Castilla y León ha arrancado en Soria con un mensaje centrado en la necesidad de mantener un marco regulatorio equilibrado, capaz de responder a la evolución del sector sin perder de vista la protección de los usuarios. Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia de la Junta, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha defendido la importancia del diálogo entre las administraciones públicas, las asociaciones empresariales y los distintos subsectores del juego privado presencial.
En su discurso inaugural, González Gago ha puesto en valor la contribución económica y laboral de esta actividad en Castilla y León. Según los datos expuestos, el sector reúne a más de 450 empresas y genera cerca de 2.000 empleos directos, además de aportar aproximadamente 60 millones de euros anuales a las arcas públicas. Estas cifras, ha señalado, reflejan la dimensión de una actividad integrada en el tejido empresarial de la comunidad y con incidencia en la economía de numerosas localidades.
El consejero ha subrayado que el juego presencial constituye una actividad económica regulada, sometida a mecanismos de autorización, control e inspección. En este contexto, ha defendido la necesidad de analizar el sector desde una perspectiva global, teniendo en cuenta tanto su aportación económica como las obligaciones que debe asumir en materia de responsabilidad social.
Una regulación que combine actividad económica y protección
Uno de los principales ejes de la intervención ha sido la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo empresarial y la protección de los jugadores. González Gago ha insistido en que la regulación no debe limitarse a establecer nuevas normas, sino que también debe evaluar el funcionamiento de las existentes, identificar posibles dificultades en su aplicación y valorar sus efectos sobre las empresas y los usuarios.
A su juicio, la Administración debe garantizar un marco estable y coherente, pero también suficientemente flexible para adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que afectan al sector. Para ello, ha considerado fundamental mantener una interlocución constante con los operadores y las asociaciones representativas de las distintas actividades.
El responsable autonómico ha explicado que la Junta ha mantenido durante los últimos meses reuniones técnicas con representantes empresariales para conocer sus necesidades y recoger propuestas sobre la aplicación de la normativa. Este intercambio, ha señalado, permite detectar problemas prácticos y disponer de más elementos para valorar posibles modificaciones regulatorias, sin que ello sustituya la responsabilidad de la Administración en la toma de decisiones.
Asimismo, ha destacado el interés de conocer las experiencias desarrolladas en otras comunidades autónomas para identificar medidas que puedan resultar útiles en Castilla y León.
La estrategia de prevención para 2027-2030, en preparación
La prevención de los problemas relacionados con el juego ha ocupado otro apartado destacado del discurso. González Gago ha avanzado que la Junta trabaja en una propuesta de estrategia de prevención y atención para el periodo 2027-2030, concebida como un instrumento para coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y entidades implicadas.
La iniciativa pretende reforzar las políticas de protección, sensibilización, detección y atención, así como mejorar la coordinación entre los organismos competentes. El consejero ha incidido en que esta labor requiere la participación de diferentes ámbitos, entre ellos la salud pública, los servicios sociales, la educación y el consumo, además de las entidades sociales y las asociaciones empresariales.
En relación con las medidas de protección, ha mencionado el registro de personas que tienen prohibido el acceso al juego en Castilla y León. Según los datos facilitados durante la intervención, este registro cuenta con aproximadamente 15.046 personas inscritas. El consejero ha considerado que esta cifra debe interpretarse con prudencia, sin extraer conclusiones generales sobre el conjunto del fenómeno, aunque ha destacado la importancia de mantener una atención permanente sobre los mecanismos de prevención.
Actualización normativa y adaptación tecnológica
González Gago también ha abordado la evolución de la normativa autonómica y la necesidad de adaptar la regulación a las transformaciones que experimenta la actividad. En este sentido, ha recordado los cambios legislativos impulsados por la comunidad y las actuaciones más recientes dirigidas a actualizar el marco aplicable a las máquinas recreativas.
La incorporación de nuevas tecnologías y la aparición de modelos de funcionamiento distintos plantean, según ha señalado, la necesidad de revisar los procedimientos y asegurar que la regulación pueda responder a las nuevas realidades del mercado.
El consejero ha defendido que estos procesos deben desarrollarse con conocimiento de la actividad y mediante el contraste de experiencias entre los distintos agentes implicados. La colaboración con las empresas y las asociaciones sectoriales permite, en su opinión, identificar dificultades de aplicación y mejorar la coherencia de las decisiones administrativas.
Un congreso para analizar los retos del juego presencial
La inauguración ha servido también para poner de relieve el papel del Congreso de Juego de Castilla y León como espacio de encuentro entre responsables públicos, empresas, asociaciones y profesionales. A lo largo de las jornadas, el programa aborda cuestiones relacionadas con la evolución de los distintos subsectores, los cambios en los hábitos de consumo, la transformación empresarial y la incorporación de nuevas tecnologías.
González Gago ha agradecido la participación de las organizaciones empresariales y de los representantes de las distintas administraciones, así como el trabajo de los profesionales encargados de la supervisión y el control de la actividad.
El consejero ha concluido su intervención con una invitación a aprovechar el encuentro para compartir experiencias y contrastar diferentes perspectivas sobre el futuro del juego presencial. Un sector que, según el planteamiento expuesto en la apertura, afronta el reto de adaptarse a los cambios del mercado mientras mantiene sus compromisos en materia de cumplimiento normativo, responsabilidad social y protección de los usuarios.
